El juez Checkley aseguró que existe riesgo de fuga del ex jefe de Estado por su falta de arraigos en Perú.
El juez Juan Carlos Checkley aprobó este jueves 9 de marzo el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.
Luego de exponer los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa, Checkley señaló que existe riesgo de fuga por su falta de arraigos en Perú.
Por esos delitos, el Ministerio Público también acusó a dos exministros de Castillo: Juan Silva, quien estuvo al frente de la cartera de Transportes y Comunicaciones y actualmente está prófugo; y Geiner Alvarado, responsable del despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Argumentos para la prisión preventiva
El juez mencionó la facilidad que tendría Castillo para dejar el país, así como la presunta organización criminal que lideraría el exmandatario con la participación de los dos exministros, entre los que resaltó a Silva, por estar prófugo de la Justicia.
“Se evidencia que existen más razones que justifican la pena”, manifestó el juez durante la lectura del requerimiento. “El resultado no puede ser otro que limitar la libertad de Castillo Terrones“, agregó.
En el caso de Silva, la autoridad judicial también dispuso 36 meses de prisión preventiva. Tanto su abogado como el de Castillo informaron que apelarán la decisión.
En el caso de Alvarado, el juez dictó comparecencia con restricciones y su defensa se mostró conforme. El Ministerio Público apelará esta resolución.
Castillo rechaza acusaciones
En la audiencia del pedido de prisión preventiva, realizada el pasado martes, Castillo negó “rotunda y categóricamente” ser el autor y formar parte de una red criminal.
“El único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, subrayó el exmandatario desde el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en donde se encuentra encarcelado desde el 7 de diciembre de 2022, tras ser vacado por el Congreso y acusado por supuesta rebelión.
En ese momento, Castillo fue condenado a 18 meses de prisión preventiva.
Por su parte, la defensa de Castillo, encabezada por el abogado Eduardo Pachas, pidió al juez Checkley que el exmandatario continuase su proceso en comparecencia simple para afrontar su proceso penal en libertad.
Durante la primera audiencia, la fiscal suprema Galinka Meza indició que a Castillo le correspondería una condena de 32 años de prisión; a Silva, de 24 años y ocho meses; y a Alvarado, de 17 años y ocho meses.