Un grupo de expertos de la ONU cuestionó el manejo de la crisis hídrica por parte del Gobierno de Luis Lacalle Pou, al señalar que éste debería darle prioridad al consumo de los hogares por sobre el de las empresas, además de apuntar que la recomendación de utilizar agua embotellada crea un riesgo de “privatización de facto del agua”.
Ante los problemas generados por la sequía en Uruguay, que provocó que disminuyera la calidad del agua que se distribuye en Montevideo y zonas aledañas, con un fuerte aumento de su salinidad, los expertos en derechos humanos señalaron que el país “debe priorizar el consumo humano” y recordaron que la crisis afecta al 60% de la población del país.
“La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas”, apuntaron en una carta divulgada el jueves.
Las reservas de la represa de Paso Severino, de donde se extrae el agua dulce para potabilizar y proveer de su consumo a Montevideo y el área metropolitana, registraron mínimos históricos a raíz de la falta de lluvias.
La sequía, sumada a la falta de planificación e inversiones por parte del Ejecutivo, llevó a que las autoridades tuvieran que completar el suministro bombeando agua del Río de la Plata con alta salinidad, lo que provocó el aumento de cloruros y sodio en el agua suministrada a la población, sobrepasando los máximos permitidos por la norma que define el agua potable.