Desde que el país recuperó la democracia, en 1983, ha habido por lo menos 8.701 víctimas.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) reveló que el año pasado 436 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad en Argentina.
De acuerdo con el documento, desde que la última dictadura militar terminó, en 1983, por lo menos ha habido 8.701 víctimas fatales de la violencia institucional, que va desde casos de ‘gatillo fácil’, es decir, policías que disparan sin justificación; hasta muertes de presos en comisarías y cárceles; o de manifestantes que protestaban en las calles.
La cifra de 2022 representa un descenso respecto a 2021, año en el que se registraron 508 muertes, pero para la Correpi lo fundamental no es el conteo sino la necesidad de presionar para que cambien las políticas que permiten los abusos y delitos de las fuerzas de seguridad.
También explicó que, en los primeros tres años de Gobierno del presidente Alberto Fernández, hubo un descenso de los casos de “gatillo fácil”. Sin embargo, crecieron las muertes de personas que estaban bajo la custodia de algún cuerpo de seguridad.
De esta forma, en 2022 murieron 319 personas que estaban detenidas en una cárcel o comisaría, en tanto que 80 fueron víctimas de “gatillo fácil”.
“Para entender las razones de este exponencial aumento de muertes bajo custodia hay que empezar por revisar la situación carcelaria nacional y el índice de encarcelamiento”, advirtió el informe.
Cifras
Entre 2001 y 2021, precisó, el número de personas privadas de libertad en Argentina creció de 34.000 a más de 100.000, pero todavía hay que sumar otras 20.000 que están en comisarías, alcaidías e institutos.
“Las causas de este incremento masivo de la tasa de encarcelamiento no corresponden a un aumento similar de los índices de delitos en el mismo período, que, por el contrario, descendieron”, explicó Correpi para mostrar la contradicción de las políticas de seguridad y justicia.
Por ejemplo, dijo, entre 2001 y 2021 descendieron la tasa de robos o tentativas de robo y los homicidios.
“Este brutal desfasaje entre la disminución sensible de delitos y el aumento al triple de la población carcelaria solo se explica a partir de las sucesivas reformas legislativas y cambios jurisprudenciales, que endurecieron el sistema penal, convirtiendo nuestro sistema de derechos y garantías durante el proceso en un privilegio inalcanzable para las mayorías vulnerables”, denunció.
Con respecto a las responsabilidades, señaló que las policías provinciales encabezan la lista de muertes por violencia institucional con el 44 % de los casos. Le siguen los servicios penitenciarios federal y provinciales, con el 41 %, y la Policía Federal, con el 7,5 %. Con menos del 1 % se encuentran la Gendarmería y la Prefectura.
El informe también detalla el perfil de las víctimas. En el 39 % de los casos se trataba de menores de 25 años, lo que implica una alta tasa de muertes de jóvenes en manos de alguna fuerza policial.